– ¿Un ejemplo de caso de éxito de coordinación entre el Gobierno y la participación ciudadana en su Comunidad Autónoma?
La estrategia de participación ciudadana del Gobierno de Aragón está informada por su principio de transversalidad y, por tanto, exige altas cotas de coordinación y colaboración, tanto interdepartamental como interadministrativa.
En primer lugar, con los Departamentos del propio Gobierno de Aragón, hasta la fecha se han impulsado treinta procesos de participación ciudadana, pudiendo tomar como referencia de éxito el proceso participativo para la elaboración del proyecto de Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana de Aragón, en el que se convocaron a más de setecientas entidades abriendo diversos canales de participación. Se recibieron más de doscientas aportaciones, que enriquecieron el texto final elevado a Consejo de Gobierno.
En segundo lugar, la coordinación interadministrativa se sitúa en el plano local para diseñar e impulsar procesos de participación ciudadana. Estos espacios de participación también engloban metodologías presenciales y herramientas tecnológicas (a través del Portal Aragón Participa, plataforma puesta a disposición de las entidades locales), espacios que son diseñados de forma conjunta por Aragón Participa y la entidad local correspondiente. En este ámbito se han impulsado unos cincuenta procesos participativos.
– Internet ha abierto una nueva puerta a la Participación Ciudadana, pero ¿cómo atender a todas las voces que nos llegan desde la red?
El debate sobre la utilidad de las TIC para una participación política de calidad sigue y seguirá vivo. Desde una posición utópica que considera la extensión de Internet a la vida pública como una fuerza democratizadora que activará la participación, hasta la vertiente realista pesimista que considera que Internet ahondará las diferencias y el control dirigista. En sus modelos extremos, se abre un intenso debate que no es ni mucho menos unidimensional. Por un lado, la versión fuerte, donde las TIC vienen a ser la excusa para superar el sistema político actual latiendo así una apuesta por una democracia directa. Por otro, la versión débil, que defiende el uso de las TIC dentro de la lógica interna de la democracia representativa mejorando su funcionamiento a través de instrumentos complementarios.
Es cierta la capacidad de las TIC para facilitar la democracia participativa al mejorar la comunicación entre los ciudadanos y los poderes públicos. Pero en ningún caso se debe incurrir en el error de pensar que las TIC serán la panacea y la solución mágica a los problemas. Desde la experiencia impulsada en la Comunidad Autónoma de Aragón, la apertura de la participación ciudadana a las TIC exige un proceso de apertura progresiva, basada en su complementariedad respecto a instrumentos consolidados de corte presencial y deliberativo.
– Usted aboga por empezar a construir la participación ciudadana desde el ámbito local. ¿Podría aplicarse con la misma eficiencia en un ámbito más amplio, regional o estatal?
La Administración local, en atención al factor de cercanía y como espacio donde se alcanza mayor interacción entre gobierno y ciudadano, constituye el escenario natural y más propicio para fortalecer la participación ciudadana en las políticas públicas. Sin embargo, y al hilo de los Estatutos de Autonomía de última generación, en los últimos años se observa el surgimiento y consolidación de auténtica política de participación ciudadana en el nivel autonómico que, como complemento y profundización de la democracia representativa, tiene por objeto abrir nuevos canales para garantizar una participación de calidad.
La justificación de esta política autonómica no se halla exclusivamente en el complejo contexto actual, sino también en la propia esencia del Estado autonómico, definiendo un nuevo marco político para impulsar el principio democrático que justificó, entre otros, el proceso de descentralización política propuesto por la Constitución.
– ¿La modernización en la forma de ver la participación ciudadana exige también un cambio en los reglamentos?
Sin duda, la legislación constituye una importante palanca de cambio. Un nuevo concepto, un nuevo modelo de participación ciudadana exige, para su efectiva implantación, un nuevo marco normativo que se adecue al contexto y demandas actuales. Y en este sentido, se observa cómo en los últimos años estamos viviendo una nueva oleada legislativa que trata de regular el nuevo derecho de participación ciudadana, íntimamente conectado al modelo de democracia participativa. En primer lugar, una nueva generación de reglamentos locales de participación ciudadana, que vienen aprobándose desde principios de este siglo XXI y que tratan de ordenar un modelo que va más allá de la participación burocrática y administrativista. También en el ámbito autonómico está surgiendo una nueva oleada legislativa con la aprobación de Leyes de transparencia y participación o, de forma más estricta, Leyes de participación ciudadana.
En cualquier caso, conviene tener presente que aunque la legislación constituye una importante palanca de cambio como se ha dicho, también es cierto que la mera aprobación de una norma no garantiza una participación real, efectiva y de calidad. Puede haber norma jurídica sin participación y participación sin norma jurídica.
